martes, 20 de abril de 2010

Audiencia 2

Caso Labolita: Audiencia 2
(28 de mayo 2009)

Los dos represores imputados por el secuestro, torturas y desaparición del militante peronista Carlos Labolita, detenido ilegalmente en Las Flores en abril de 1976, se negaron ayer a prestar declaración. Además, el tribunal integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Carlos Rozanski y Nelson Jarazo, rechazó el pedido de nulidad del proceso formulado por los abogados defensores y dispuso pasar a cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando comenzarán las declaraciones testimoniales.

El coronel Alejandro Guillermo Duret, de 56 años, se puso de pie, se abrochó el saco y con paso militar caminó hasta el banquillo frente al estrado. Después de escuchar los delitos que se le imputan – coautor de privación ilegitima de la libertad agravada, y participe primario de la imposición de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y homicidio calificado por ensañamiento y alevosía- se amparó en el derecho constitucional de negarse a declarar por el momento.

El general retirado Pedro Pablo Mansilla, de 77 a
ños, se amparó en el mismo derecho y el tribunal procedió a leer las declaraciones que ambos imputados realizaron en primera instancia.
El 15 de diciembre del 2005, los dos militares se negaron a declarar ante el juez federal de Azul Juan José Comparato. Duret hizo una presentación espontánea en la cual negó estar al tanto de lo ocurrido con Carlos Labolita. Por su parte, Mansilla presentó un escrito en el cual rechazaba las imputaciones considerando como una "farsa retrotraer las investigaciones de hechos ocurridos hace más de 30 años y en el marco de una situación muy particular, de una guerra subversiva". Ese mismo día fueron detenidos.

A la segunda audiencia del debate oral y público asistió el fiscal coordinador de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Jorge Auat, quien solicitó al tribunal que las declaraciones realizadas en primera instancia por los imputados sean incorporadas al proceso como prueba documental o como declaración indagatoria. "Nosotros decimos o es indagatoria y en ese caso tiene que incorporarse, porque si los imputados se niegan a declarar se incorpora al proceso lo dicho en primera instancia o bien le tiene que dar tratamiento de prueba documental porque sino nos quedamos sin ese elemento para incluir en el proceso", argumentó, el jefe de los fiscales federales.

El próximo jueves, cuando se reanuden las audiencias, el tribunal deberá resolver sobre el pedido de la querella y el ministerio público fiscal.
Por otra parte, quedó pendiente de resolución el pedido formulado por la querella para que el arresto domiciliario que beneficia a Mansilla se transforme en prisión efectiva. Los jueces decidieron que ese requerimiento vaya en un incidente por separado de lo que es el juicio oral.
El abogado de la familia Labolita, expuso oralmente los argumentos por los cuales debería revocarse el arresto domiciliario del ex jefe de la zona militar 125. Entre otras cosas mencionó que en ningún otro país del mundo los imputados por delitos de lesa humanidad se encuentran bajo arresto domiciliario. "Sin importar la edad, todos se encuentran encarcelados en una prisión", expresó el querellante.

Además, basándose en los informes médicos confeccionados por el patronato de liberados, aseguró que el estado de salud de Mansilla ha evolucionado cada año y que no hay razón de índole humanitaria para que permanezca en su casa. Por último, citó los casos del comisario Miguel Etchecolazt y del cura Von Wernich, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad, a quienes el tribunal que los juzgó les revocó el arresto domiciliario en la primera etapa del debate oral.

El juicio continúa

La audiencia anunciada para las diez de la mañana comenzó minutos antes de las 12. En primer lugar, la secretaria del Tribunal Oral Federal 1 leyó la resolución de los jueces ante las presentaciones de los abogados Eduardo San Emeterio y Gritzko Gadea Dorronsoro, defensores de Alejandro Duret y Pedro Pablo Mansilla respectivamente.

En la primera audiencia los abogados argumentaron que los "plazos razonables" para juzgar a una persona habían sido violados ya que las leyes estipulan un tiempo de dos años -como máximo-, en los que un imputado puede estar privado de su libertad sin sentencia firme. En este sentido, el tribunal entendió que el factor tiempo se conjuga con otros factores como el interés legitimo. Quien alega la violación del plazo razonable no tiene que haber contribuido a que el plazo se exceda y -en este caso-, todos los planteos dilatorios fueron de las defensas y no de la querella.

Con respecto a la presentación de San Emeterio, abogado de Duret, quien adujo que el tribunal debió abstenerse de iniciar el proceso teniendo en cuenta que el juez Carlos Rozansky fue recusado y el fallo se encuentra pendiente en la cámara de Casación penal, el tribunal resolvió que no existe perjuicio alguno para los imputados y que el debate puede continuar con el tribunal designado desde un principio.


Por último, el tribunal determinó que la recusación al juez Rosanzky por haber tenido una presunta pelea personal con el abogado San Emeterio, es improcedente. Las únicas cuestiones personales que puede tenerse en cuenta son aquellas en relación al imputado o a las víctimas, y no a los defensores técnicos, argumentaron los jueces Jarazo y Esmoris.

Por otro lado, el abogado de Duret estaba en conocimiento que Rozansky integraba el tribunal y a pesar de tener una enemistad manifiesta con el juez, aceptó el caso.
Las audiencias se retomaran el próximo jueves cuando comiencen las declaraciones testimoniales, entre ellos, los familiares de Carlos labolita.



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