martes, 20 de abril de 2010

Audiencia 11

CASO LABOLITA: AUDIENCIA 11

ALEGATOS DE LAS DEFENSAS


Los abogados defensores del general retirado Pedro Pablo Mansilla (77) y del coronel Guillermo Alejandro Duret (56) pidieron la libre absolución de sus clientes porque consideran que no está probada la participación de los militares en el secuestro, los tormentos y el homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita, desaparecido el 25 de abril de 1976 en Las Flores. La estrategia común fue desacreditar los dichos de algunos testigos.

El primer turno fue para el defensor oficial Gritko Gadea Dorronsoro, representante del general Mansilla. Como estrategia, el abogado, intentó desacreditar los testimonios de los ex policías y de los ex militares que declararon durante el debate y que comprometieron a su cliente.

Como primera medida definió como testigos a aquellas personas que por medio de sus sentidos pueden aportar información del hecho que se investiga en la causa. Así reconoció como tales a los familiares de Labolita y a tres ex detenidos desaparecidos que fueron compañeros de la víctima.

Por el contrario, aseguró que los ex policías de la comisaría de Las Flores que declararon durante el juicio no son testigos sino protagonistas de los hechos y por ende, sospechosos. Así, Dorronsoro argumentó que los ex policías se encontraron en la disyuntiva de tener que elegir entre una pena por falso testimonio que podría llegar a los 10 años y una sentencia como participes del delito de privación ilegitima de la libertad agravada que, podría alcanzar los 25 años de prisión.

Según el abogado del anciano general, cada uno de los ex policías tendría a priori un grado de participación en la detención ilegal de Carlos Alberto Labolita. En el caso del oficial sumariante Enrique Vitale, Dorronsoro entiende que no cumplió los deberes de funcionario público cuando Labolita fue llevado detenido a la comisaría de Las Flores. Con respecto a los oficiales Juan Carlos Blanco y Pedro Cinalli, quienes trasladaron a Labolita al regimiento 1 de Azul, el defensor recordó que recibieron la orden del traslado por orden del comisario Aníbal Lista y que son protagonistas y no testigos. “Ellos llevaron a un hombre hasta el regimiento de Azul y por ese hecho se formuló una acusación”, completó el abogado.

Por último, en el caso del subinspector Jorge Pastorini, encargado de detener a Labolita el 25 de abril de 1976, Dorronsoro recordó el tramo de la declaración del testigo cuando aseguró que fue el comisario Lista el que le ordenó ir a detener a Labolita.

En cuanto a los ex militares que prestaron declaración, el abogado de Mansilla, también solicitó que no se los tuviera en cuenta a la hora de analizar la prueba ya que uno de los testigos fue detenido por falso testimonio “in fraganti” y al resto no se les dejó concluir su testimonio porque podían llegar a autoincriminarse.

Sobre la imputación de tormentos agravados contra Mansilla, el abogado aseguró que no hay pruebas fehacientes que demuestren que Labolita haya sido torturado y “en el caso de que así haya sido tampoco hay pruebas de que esas torturas hayan sido aplicadas por orden de Mansilla”, aclaró el defensor oficial.

Tal vez el momento más tenso de la jornada llegó cuando las defensas tuvieron que argumentar alrededor del delito de homicidio que les imputan a sus clientes. El abogado del general se amparó en la figura de desaparecido y dijo que no hay certezas del mecanismo por el cual Labolita fue asesinado y tampoco de quienes fueron sus verdugos. “El principio de duda beneficia al acusado”, lanzó el abogado. Una mujer del público no pudo contener la bronca y fue echada de la sala cuando dijo en voz alta que le daba “asco” la argumentación del defensor.

Morir en la cárcel

Dorronsoro pidió la libre absolución y la inmediata libertad su defendido por entender que no está probada la participación del viejo general en los hechos que se le imputan. En caso que se trate de un fallo condenatorio, el defensor, solicitó de manera subsidiaria que se juzgue a su cliente por el delito de privación ilegitima de la libertad con el mínimo de la pena, que dado el tiempo que lleva detenido implicaría la inmediata liberación.

El jueves pasado, las querellas solicitaron la revocatoria de la prisión domiciliaria de Mansilla. Ayer, su defensor recordó al tribunal que su cliente tiene 77años, serios problemas de salud y que no cuenta con antecedentes penales. También aseguró que condenar a mansilla a reclusión perpetua en una cárcel común sería condenarlo a la muerte. “Eso implicaría que Mansilla muera en la cárcel”, explicó el abogado. Entre dientes o con un gesto, la mayoría del público dio a entender que, de eso se trata: “cárcel común, perpetua y efectiva”.

La defensa de Duret

El abogado Gerardo Ibáñez, con gran experiencia en la defensa de militares acusados por delitos de lesa humanidad, adhirió en un todo a lo expuesto por el representante de Mansilla y centró su alegato en tratar de demostrar que el coronel Guillermo Duret no participó del operativo del 1º de mayo de 1976. Según algunos testigos esa noche, Labolita, fue llevado esposado y con signos de tortura a su casa por un grupo de diez personas, entre las cuales, se encontraba el coronel. Cuando se fueron de la casa, también se llevaron a Gladis D’ Alessandro, mujer del militante, quien estuvo secuestrada por algunas horas.

Según Ibáñez, no hay pruebas fehacientes que Duret haya participado del operativo y tampoco existe la certeza que eso haya ocurrido.

También aseguró que no hay elementos concretos que prueben que su cliente haya recibido a Laboliata en el sector de Inteligencia del regimiento de Azul, la noche del traslado.

Ibáñez al igual que Dorronsoro, cargó las tintas contra el personal policial para desacreditar sus testimonios. “En este juicio tuvimos que soportar olvidos y contradicciones y por eso hay una persona detenida hace 3 años y medio”, se lamentó el abogado.

Por último, aseguró que no hay elementos que prueben la participación de Duret en el secuestro, ni en la aplicación de tormentos ni en el homicidio de Carlos Alberto Labolita. “Solicito la libre absolución de mi cliente sin planteos subsidiarios porque es inocente de todos los cargos que se le imputan”, finalizó Ibáñez.

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