Comienza JUicio por Caso Labolita

Dos represores rinden cuentas

Los Represores con sus abogados (Foto Marcelo Nuñez)

A un tercio de siglo de los hechos y un lustro de la reapertura de las causas, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar mañana al general de brigada Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret. Están acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista visto por última vez en el centro clandestino que funcionó en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Será el tercer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires, donde sólo fueron condenados Miguel Etchecolatz y el sacerdote en actividad Christian von Wernich.

Oriundo de Las Flores, Labolita tenía 23 años, estudiaba Sociología en la Universidad de La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Se había casado tres años antes con Gladis D’Alessandro. En los meses previos al golpe de Estado, por razones de seguridad, abandonaron su departamento y se alojaron en la casa de los santacruceños Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Después de un tiempo, nos fuimos a una pensión hasta el 24 de marzo. Ahí cada uno salió como pudo”, recordó Gladis ante Página/12.

El día del golpe, la policía detuvo a Carlos Labolita padre, docente y militante socialista, que padecería la cárcel durante cuatro años. Un mes después, a pesar del peligro, su hijo decidió volver. “Yo no estaba de acuerdo pero, como siempre, lo acompañé. Las Flores es un pueblo chico, circulan muchas historias, éramos militantes y se corría un gran riesgo. Carlos quiso ver a su madre y a sus hermanas, saber qué pasaba con su padre. Era difícil medir los riesgos en ese momento. Llegamos a la casa y en menos de media hora apareció la policía”, contó Gladis.

Fue el 25 de abril de 1976 a la madrugada. El comisario Aníbal Lista declaró que el teniente coronel Mansilla, jefe del Grupo de Artillería, consideraba a Labolita un “elemento subversivo” y le dio “expresas instrucciones” para capturarlo. En la comisaría dejaron constancia de que el detenido quedaba “a disposición del área militar 125”, que conducía Mansilla e incluía a Tandil, Azul y Olavarría. Dos días después, el 27 a la mañana, la policía lo entregó en la oficina de inteligencia del regimiento. Lo recibió el teniente Duret, alias “Porra”, quien se negó a entregar constancia del ingreso. En presencia de los policías, le pusieron una capucha negra.

En la madrugada del 1º de mayo, un grupo de tareas de civil, a cara descubierta y con borceguíes militares, allanó la casa de la familia. “Trajeron a Carlos torturado, encapuchado, descalzo, con las manos atadas. Me encerraron con él en la cocina.

Buscaban una valija, direcciones. Carlos les decía que yo no tenía nada que ver”, recordó Gladis. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a contarle su compañero. Apenas podía caminar. Los ocho miembros de la patota, incluido Duret, destruyeron bibliotecas, muebles, teléfonos, dieron vuelta la casa. Decían buscar “la valija verde con los fierros”, que no encontraron. Se llevaron a Gladis, la hicieron dar varias vueltas, la cabeza contra el piso de un auto, hasta que la abandonaron.

Sobrevivientes del centro de detención del cuartel de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, confesó un torturador. “Aquí se entra solo, y sólo Dios te ayuda a salir”, explicaba una inscripción que un ex cautivo vio desde la mirilla de su calabozo. Cuando Gladis fue con su madre a pedir por su esposo, Mansilla las maltrató y dijo que lo habían liberado. No negó su paso por el cuartel.

Con el retorno de la democracia, el juez federal de Azul, Jorge Ferro, avanzó en la instrucción de las causas, hasta que se declaró incompetente y envió el expediente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las leyes de Raúl Alfonsín implicaron para los militares veinte años de impunidad. En 1994, el nombre de Duret reapareció como jefe del Grupo de Artillería de Neuquén, donde fue asesinado el soldado Omar Carrasco. En 2000, los organismos de derechos humanos impugnaron su ascenso en el Senado. Al año, con el visto bueno de Fernando de la Rúa, se convirtió en coronel.

La causa Labolita se reabrió en 2004, impulsada por su familia y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que reclamó al juez federal Juan José Comparato investigar los delitos de lesa humanidad en el ex área militar 123. En diciembre de 2005, a casi tres décadas del crimen, el juez citó a los represores, que se negaron a declarar. El pintoresco Duret, entonces en actividad, concurrió al juzgado con el uniforme verde oliva que no usaba en las madrugadas de 1976. Se retiró con esposas rumbo a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, hoy Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, donde aún pasa sus días el militar de 56 años. El general Mansilla, de 77 años, goza de arresto domiciliario en su departamento de Dorrego 2699, Capital Federal.

Los jueces y los abogados

Como la Cámara Federal de Mar del Plata apartó a los miembros del Tribunal Oral local con el argumento de que le tomaron declaración a Carlos Labolita padre durante el Juicio por la Verdad, el TOF estará integrado por tres jueces de La Plata: Alejandro Esmoris, Carlos Rozansky (presidente del TOF-2 que condenó a reclusión perpetua a Etchecolatz y a Von Wernich) y Nelson Jarazo (presidente del TOF-1 que en 2004 condenó a Etchecolatz y a Jorge Bergés a siete años de prisión por sustituir la identidad y falsificar la partida de nacimiento de Carmen Sanz, hija de desaparecidos). La acusación estará a cargo del fiscal federal Daniel Adler, del abogado en representación de la familia y de Silvana Rivas.

El general Mansilla será asistido por el defensor oficial Gadea Dorronsoro y Paula Muniagurria. El coronel Duret, por los abogados privados Gerardo Ibáñez y Eduardo Sinforano San Emeterio, ex agente de la SIDE que durante la dictadura custodiaba al jefe del centro clandestino Automotores Orletti. San Emeterio descolló durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Corrientes, donde obtuvo una condena a reclusión perpetua para el coronel Julio Barreiro y de 25 años de prisión para el capitán Juan Carlos De Marchi.